Alejandra Naser; Álvaro Ramírez-Alujas; Daniela Rosales
Editores
En el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. En mayo de 2016, representantes gubernamentales de América Latina y el Caribe, reunidos en el trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Ciudad de México, decidieron crear el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030, incluidos los Objetivos y sus metas.
Uno de los principales desafíos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible consiste en configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal que garantice que, de acuerdo con el Objetivo 16, se puedan promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. En este contexto, el gobierno abierto constituye un medio de referencia para alinear el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030 y, dados los recientes avances alcanzados por los 15 países de la región que actualmente son parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, pareciera importante transitar hacia la idea de un Estado abierto, es decir, hacia un esfuerzo institucional por promover y articular políticas y estrategias en materia de transparencia, acceso a la información y datos abiertos, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración e innovación cívica más allá del poder ejecutivo, hacia el poder legislativo y judicial, así como también hacia los niveles subnacionales y locales de gobierno.
En este contexto, desde hace varios años la CEPAL viene planteando propuestas para poner la igualdad en el centro de la agenda para el desarrollo, señalando el cambio estructural progresivo con mayor intensidad de conocimiento y tecnología como el camino a seguir, y la política pública como herramienta al servicio de estos fines, en el marco de una renovada ecuación entre Estado, mercado y sociedad. La estrategia para avanzar en el logro de estos objetivos supone combinar políticas sociales con la transformación de las estructuras productivas, haciendo que la innovación y la productividad se difundan más homogéneamente en ellas.
La región mantiene como asignatura pendiente la superación de su distintiva heterogeneidad estructural, esto es, las elevadas diferencias de productividad internas y externas de sus economías, los bolsones de subsistencia e informalidad que, junto con las grandes diferencias en la distribución de la propiedad de los activos físicos y del capital humano, son la base de la desigualdad.
Otro debate no menos interesante que se ha ido instalando sobre estos asuntos radica en la manera en que los datos pueden llegar a convertirse en un elemento habilitador clave para lograr la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS. Para ello, los avances tecnológicos en materia del análisis de grandes bases de datos, datos estadísticos y datos abiertos pasan a tener un rol fundamental, creando posibilidades sin precedentes para informar a la sociedad, transformarla y proteger el medio ambiente. De este modo, en la implementación de la Agenda 2030 se deben aprovechar las oportunidades que ofrece la revolución de los datos, con el fin de apoyar a los países más necesitados de recursos y dar un impulso sin precedentes hacia un nuevo mundo de datos que propicien el cambio. Del mismo modo, debido a las crecientes demandas ciudadanas de mayor transparencia, acceso a la información y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, se han desarrollado múltiples iniciativas orientadas a la apertura de datos (open data), lo cual no solo ha impulsado procesos de transparencia, sino que su reutilización y combinación permite también crear nuevos significados y la solución creativa e innovadora de nuevos servicios públicos por parte de la sociedad civil, convirtiéndose de esta manera en un insumo esencial para la medición y el seguimiento de los indicadores asociados a los ODS.
En este marco, se percibe el rol protagónico de los pilares fundamentales del gobierno abierto: la transparencia, la participación, la colaboración y la innovación tecnológica a través de los datos abiertos. No es una discusión técnica; por el contrario, es eminentemente política. Eliminar privilegios, garantizar la igualdad de derechos, afirmar la plena ciudadanía, abreviar las brechas de desigualdad en recursos materiales y simbólicos son tareas que se realizan mejor cuando todos pueden disponer de la información esencial que determina los asuntos públicos. La información es poder político o, al menos, una condición para que este pueda ejercerse. Se trata entonces de una nueva forma de gobernar para, con y a través de los ciudadanos, que fortalece precisamente esa nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad.
Con esta obra, se intenta contribuir al emergente debate sobre la idea de Estado abierto desde múltiples miradas provenientes de la propia CEPAL y de representantes de organismos multilaterales, autoridades y responsables de gobierno, expertos de reconocida trayectoria, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil de la región, así como de plataformas de innovación y activismo cívico.
Ofrecemos en este libro una iniciativa pionera que consolida los esfuerzos que ha venido promoviendo la CEPAL para posicionar estratégicamente el tema en la región, sirviendo de punto de referencia obligado, en especial en lo que se refiere al vínculo fundamental entre las nuevas capacidades estatales necesarias para lograr los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Alicia Bárcena
Secretaria Ejecutiva
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL)
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